10 de mayo de 2016

EL EFECTO MULTIPLICADOR DE LAS POLÍTICAS

Hace unos días asistí a una conferencia de un buen amigo, directivo con una amplia experiencia en empresas de diferentes sectores, siempre vinculado a departamentos de I+D y Dirección General. En ella, ponía de manifiesto la estructura desequilibrada de la I+D en Catalunya: un 56% es ejecutada por empresas, mientras que un 44% es ejecutada por universidades y centros públicos de investigación. En España, la proporción es similar: 53% (empresas) versus 47% (universidades y organismos públicos). La mitad aproximada de la I+D la realizan entidades públicas. Ésta es una clara anomalía. En países de referencia, como Alemania, el liderazgo es empresarial: la proporción es de 66% (empresas) y 33% (universidades y administraciones). Efectivamente, uno de los indicadores de la salud de un sistema de innovación es la proporción de I+D que ejecutan las empresas versus los diferentes organismos públicos. En Dinamarca el esfuerzo empresarial representa el 65% del total, en EEUU el 71% y en Japón el 77%.

Mi amigo argumentaba que, dado que el esfuerzo proporcional de la empresa privada era en nuestro entorno substancialmente inferior al de las empresas de otros países, debíamos convencer a los empresarios de la importancia de la innovación y persistir en las campañas de sensibilización. Pero si algo se ha hecho en los últimos años, es sensibilizar. Se ha hablado de innovación hasta el aburrimiento. Se ha hablado y se sigue hablando de la importancia de innovar. Sin embargo, podríamos seguir sensibilizando hasta el día del juicio final, que creo que poco se iban a mover los datos de I+D/ PIB.

Porque la interpretación de mi amigo era errónea. Aparentemente, dado que la administración y el tejido empresarial estaban realizando un esfuerzo similar en I+D, la primera cumplía dignamente con su misión, mientras que el gran gap estaba en las perezosas empresas, que no se daban cuenta que, por el bien del país, debían incrementar su inversión en I+D (y, por tanto, su grado de riesgo empresarial, dado que la I+D es una actividad no exenta de riesgo). Personalmente, creo que la propensión al riesgo empresarial o a la pereza inversora en I+D son prácticamente idénticos en todos los países desarrollados. Lo que es diferente es el marco institucional y el mix de políticas públicas, que incentivan o desincentivan inversiones en I+D.

Imaginemos una economía con un PIB de 100.000 M€ que destina, pongamos, 1.000 M€ privados, y 1.000 M€ públicos a I+D. Esa economía realiza, por tanto, un esfuerzo del 2% de su PIB en I+D. Imaginemos un gobierno que desee incrementar la inversión en I+D de ese país (se supone que para mejorar su competitividad y bienestar). Supongamos que el Congreso de ese país, preocupado por la pérdida de empleo de calidad, consigue un presupuesto extraordinario de 100 M€. ¿Cómo lo ejecuta? Imaginemos dos escenarios:

  • Inyectando 100 M€ en nuevos programas de investigación pública. Esos 100 M€ se distribuyen en diferentes áreas de conocimiento. El producto final serán nuevas publicaciones de impacto. Incluso, si ese presupuesto es capaz de levantar más recursos de investigación, esos recursos estarán básicamente destinados a generar más publicaciones de impacto académico. En algunos casos, si el ámbito es de interés empresarial, existirá la posibilidad de transferir el conocimiento a alguna empresa (pero será casual).  
  • Actuando desde la demanda, creando un fondo de investigación para proyectos de alta tecnología industrial, con algunas condiciones: a) que los proyectos sean de alto nivel científico, b) que los proyectos requieran participación universitaria o de centros de investigación públicos, c) que los proyectos generen empleo de calidad, y d) que las empresas completen los presupuestos de dichos proyectos en una proporción de 1 a 3 (mínimo de 2 euros privados con cada euro público). La inversión total estimulada así en la economía sería de 300 M€, no sólo de 100 M€.

Opto claramente por la segunda aproximación. Por varios motivos: genera efecto multiplicador de los recursos, tiene impacto en la creación de empleo, no renuncia a la calidad científica, incentiva a las empresas a ejecutar proyectos de I+D, y crea aprendizaje en las mismas (hacer I+D lleva a aprender del proceso, a incrementar la capacidad absortiva de conocimiento y a hacer cada vez mejor I+D). Además, favorece y genera efecto tracción en aquéllos grupos de investigación públicos que más se orienten a empresa, acelerando los procesos de transferencia de tecnología y consolidando relaciones de confianza entre los agentes del sistema. En última instancia, los recursos revertirán igual en universidades y centros de investigación, pero pasando por el filtro del impacto real en el tejido económico. Quizá sacrificando excelencia, pero ganando utilidad.


En Catalunya, el esfuerzo público en I+D creció en un 250% en el periodo 2002-2012. El esfuerzo privado en ese mismo periodo creció sólo el 50%. ¿Culpa de las perezosas empresas, que están empeñadas en no abordar proyectos de I+D? No. Seguramente, pese al encomiable esfuerzo público, el mix de políticas diseñadas no tenían suficiente efecto multiplicador.


(En la siguiente gràfica de Eurostat se visualiza qué porcentajes de I+D/PIB ejecutan empresas y administraciones en diferentes países)


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