20 de julio de 2014

CON EL LIRIO EN LA MANO

Recientemente se ha presentado el Informe COTEC 2014 sobre tecnología e innovación en España. Seguimos cayendo. España invierte actualmente el 1’3 % de su PIB en I+D, mientras que la media de la UE es del 1’97 y de la OCDE, el 2’4%. Para hacernos una idea, en España se gastan 423 € (públicos y privados) por habitante y año en I+D, mientras que en Alemania se destinan 1225, en USA 1445, y en Corea del Sur, 1307. Este, decididamente, no es el camino del futuro. En el Índice Global de Competitividad 2013 de la escuela de negocios IMD, España baja del puesto 39 al 45. La superan, entre otros, Perú, Filipinas o Turquía. Algo extraordinariamente alarmante, y motivo suficiente para que alguien se plantee de una vez por todas un Plan de Competitividad e Innovación serio, prioritario, estratégico y bien dotado. Catalunya también sigue cayendo, situándose en el 1,51% de I+D sobre PIB, muy por detrás de Madrid (1,82%), y destinando menos de la mitad de I+D por habitante (396 €) que Euskadi (653 €).

Me preocupa constatar que seguimos partiendo de un análisis radicalmente erróneo. El informe de COTEC transpira lógicas antiguas. Del 1’3% del PIB que se destina a I+D, el 0,69% se debe a esfuerzo empresarial, y el 0,61% se debe a esfuerzo público. En todo el análisis se contemplan como variables independientes. Eso significa que las empresas invierten unos 7.000 M€ anuales en I+D, y el conjunto de administraciones públicas, unos 6.300. En total, el esfuerzo en I+D computado en España asciende a 13.300 M€ anuales. En un sistema de innovación sano, sólo el 30% del esfuerzo debería ser público. El resto, empresarial. En España es el 50%. Mucho esfuerzo público para poco esfuerzo empresarial. De un modo u otro, parece que las empresas lo hagan mal, y las administraciones se comporten razonablemente bien pese a la crisis…

La pregunta es, ¿esos 6.300 M€ ejecutados por las administraciones públicas (ministerios, CCAA, y universidades, fundamentalmente), tienen algo que ver con la competitividad real del país? ¿Sirven realmente para innovar? ¿No será que gran parte de ellos se invierten en actividades alejadas de la creación de empleo y del crecimiento económico? En mi opinión, esos 6.300 M€ no tienen ninguna correlación con la productividad y la competitividad del país. Son actividades de investigación que no revierten en iniciativas económicas. Son actividades de investigación, pero no de innovación (que, por definición, es la explotación con éxito de nuevas ideas y/o conocimiento). Y de hecho, en el  informe COTEC se analizan por separado los gastos públicos y privados. Seguimos operando bajo un paradigma incorrecto.

Sólo seremos capaces de prosperar si entendemos que ambos gastos deben analizarse conjuntamente, y que deben estar relacionados. Dicho de otro modo, en un sistema de innovación bien diseñado, el esfuerzo privado es función del esfuerzo público. Éste no es un país de científicos excelentes rodeados de empresarios de bajo nivel que no invierten en I+D. Este es el modelo y la percepción social que hemos creado a través de un sistema de incentivos ineficaz. La proporción de empresarios excelentes y mediocres, y la de científicos excelentes y mediocres es la misma que en cualquier otro país desarrollado, sólo que las políticas públicas no se han diseñado para que cooperen. Cuando se ha creado un sistema de incentivos oportuno, las universidades han empezado a publicar a un buen nivel. Pero no se ha hecho lo propio con los incentivos a la innovación para que las empresas hagan I+D competitivo globalmente. El gasto público en I+D se ejecuta aisladamente en instituciones públicas, y no moviliza inversión privada. Y ese gasto existe, y es elevado. Hace poco me comentaba un Rector que el coste de un artículo JCR en el sistema de innovación de Catalunya era, en media, 50.000 €. Y si hablamos de artículos de gran impacto (científico), cuartil superior, 100.000 €.  Es gasto público en I+D pública (desconectada de la realidad industrial), que quizá nos posiciona en los ránkings académicos, pero que sólo casualmente revierte en innovación y competitividad. La I+D pública no ejerce efecto multiplicador alguno. Ese es el gran fallo de nuestro sistema. No es que haya poco esfuerzo empresarial, sino que el esfuerzo público es improductivo a nivel de innovación, pues no arranca inversión adicional.

Imaginemos que de esos 6.300 M€ públicos, destinados básicamente a elaborar publicaciones, reserváramos 2.000 M€ a programas de I+D empresariales. Programas que financien proyectos de excelencia (jamás debemos renunciar a la excelencia científica), pero ejecutados en empresas, con la condición que la empresa beneficiaria invierta 3 euros por cada euro público inyectado (y asegurando, por la complejidad y reto científico, que los proyectos aprobados son adicionales sobre lo que haría el mercado). Obtendríamos un factor multiplicador 1 a 3. Rápidamente, la inversión empresarial se incrementaría en unos 6.000 M€), y el esfuerzo agregado en I+D pasaría de 13.300 M€ a 19.300 M€ (situándonos en la media europea), con el incremento de competitividad y empleo consiguientes.

¿Es una buena estrategia? A alguien le puede crear malestar utilizar un motor público para propulsar la I+D empresarial. De acuerdo, pero eso es lo que hacen los países más competitivos. La alternativa es seguir destinando fondos públicos a escribir toneladas de artículos a mayor gloria de algunos currículos. Dejemos caer el lirio de la mano.

Las empresas deben incrementar su esfuerzo en I+D, pero el gran driver de la innovación, quien proporcione la semilla necesaria para ello, es la administración pública, el tan deseado “Estado Emprendedor”. Como dice Enric Canela en un reciente post, la innovación no viene de París.

12 de julio de 2014

USA, ESTADO EMPRENDEDOR

Jim Manzi es fundador y presidente de Applied Predictive Technologies, empresa de software especializada en business analytics, y uno de los pioneros en cloud computing. Es, además, un conocido pensador y conferenciante, editor de la revista National Review, y mantiene una significativa actividad política liberal y conservadora. Por ello, sorprenden sus análisis y su firme posición sobre el rol crítico que la administración norteamericana ha jugado en la creación de una nación innovadora. Su reciente ensayo, “The New American System”, ampliamente difundido en USA, sustenta, precisamente, que la innovación en América (la clave de su prosperidad y liderazgo) siempre se ha soportado en políticas públicas. Los crecientes estándares de vida americanos y la raíz del éxito económico del país no se deben a la suerte, a la disponibilidad de tierra, o a razones de conquista. Se deben al liderazgo innovador. Y éste, a la actuación de su administración pública.

Según Manzi, las evidencias de la sensibilidad de las políticas públicas con el impulso a la innovación se remontan a los orígenes de la República, con los esfuerzos de Alexander Hamilton (jefe de gabinete de Washington, y arquitecto del sistema financiero americano) por atraer y desarrollar industrias manufactureras, como describió en su obra Report on Manufactures (1791). Poco después, en 1802, fue fundada la academia militar de West Point, cerca de Nueva York, la principal factoría de líderes en USA (no sólo en el ejército, sino también en la política o los negocios). Sherman, Lee, Grant, Patton, Eisenhower o Schwartzkopft han sido algunos de los protagonistas de la historia americana que pasaron por sus aulas. Pero West Point, pionera en management, fue también pionera en ingeniería. La academia, según Manzi, fue fundada (públicamente) para el desarrollo de capacidades de ingeniería de primer nivel, que permitieron el despliegue de infraestructuras y tecnologías clave para la competitividad norteamericana, como fueron el ferrocarril, la minería, o el telégrafo. Por cierto, según Manzi, fue el congreso americano quien, en 1843, dispuso el presupuesto necesario para interconectar Washington con Baltimore mediante una nueva tecnología revolucionaria (precisamente, el telégrafo), probando la eficiencia de dispositivos como los  cables suspendidos. 

Desde el mismo nacimiento de la nación americana, y sin contradicción con la máxima libertad de mercado, la administración de USA ha actuado con inteligencia estratégica, precisamente para expandir las fronteras del mercado y construir una economía competitiva mediante la introducción sistemática, con soporte público, de nuevas tecnologías disruptivas. En palabras de Manzi, el “despiadado pragmatismo al implementar los principios fundamentales de la libertad de mercado se ha complementado con inversiones gubernamentales decisivas en infraestructuras, capital humano o nuevas tecnologías

Desde el final de la Guerra Civil americana hasta 1970, la voluntad de vencer enfermedades, extender la educación, y ganar las guerras en que se había involucrado, proporcionó a USA el ímpetu para constantes inversiones en innovación. Las dos guerras mundiales suponen un punto de inflexión: Vannevar Bush, decano de ingeniería del MIT escribió en 1945 su informe “Science: The Endless Frontier”, que sienta las bases del patrocinio gubernamental de la ciencia y la ingeniería. Y, si durante el siglo XIX, USA explotaba tecnología cuya base científica se había desarrollado en Europa, desde 1945, su objetivo estratégico es liderar también la ciencia fundamental.

La era de los computadores supuso un desplazamiento de los centros de poder económicos, de grandes corporaciones a pequeñas y emergentes start-up’s. Pero el gobierno, a través de agencias como DARPA (Defense Advanced Reserach Projects Agency) jamás dejó de bombear fondos para financiar los proyectos más ambiciosos, arriesgados, y rupturistas. Silicon Valley surge sobre una plataforma masiva de inversiones públicas en tecnología electrónica. Es, precisamente, DARPA, quien origina internet.

Para Manzi, hoy, la función de las administraciones continúa siendo “dar respuesta a problemas tecnológicos que ofrecen tremendo beneficio social, pero que son de demasiado largo plazo, demasiado arriesgados o demasiado difusos para ser financiados por compañías privadas”. De igual modo que en el siglo XIX el gobierno interconectó mediante grandes infraestructuras un continente-nación, hoy, en un keynesianismo refundado y orientado a la industria del conocimiento, la misión de los gobiernos continúa siendo invertir en grandes proyectos tecnológicos que permitan avanzar en la frontera del conocimiento, pero también en la frontera del bienestar de las sociedades.


En nuestro entorno, algunas voces se están alzando ya para recuperar el tiempo perdido. Sin innovación no hay progreso, y la innovación no está en España en el centro de ninguna política económica real. La inversión pública en tecnología es fundamental para construir un país competitivo. Hace poco, Lluís Torner, director del Instituto de Ciencias Fotónicas se manifestaba en este sentido. ¿Cuánto tendremos que esperar para que la innovación deje de estar en el centro de los discursos y del márketing político, y se sitúe en el campo de la estrategia a largo plazo y de las asignaciones presupuestarias reales?